El Gobierno ucraniano llevó al Parlamento una fórmula de protección fiscal temporal para cinco empresas públicas consideradas relevantes para el sistema energético. La lista incluye el Complejo Oriental de Minería y Procesamiento, Dobropilliavuhillia-Vydobutok, Lvivvuhillia, Volynvuhillia y Redes Eléctricas Regionales.

La Rada Suprema informó el jueves, 22 de octubre, de la inscripción del proyecto gubernamental número 16179. La Comisión de Finanzas, Política Tributaria y Aduanera quedó designada como principal responsable de su examen durante la decimosexta sesión de la novena legislatura.

La propuesta no extingue las deudas ni concede una exención tributaria general. El cambio añadiría una regla transitoria al Código Fiscal para impedir que los organismos de control apliquen a esas cinco entidades las medidas previstas para el cobro forzoso. La pausa se prolongaría hasta que hubieran transcurrido seis meses desde el levantamiento o la cancelación de la ley marcial.

Durante ese mismo periodo se detendría el cómputo de la prescripción correspondiente. De esta manera, la administración conservaría la posibilidad de reclamar posteriormente las cantidades adeudadas. El diseño busca, por tanto, trasladar el momento de la ejecución sin transformar el aplazamiento en una condonación definitiva.

El Ejecutivo sostiene que las órdenes de cobro y los cargos forzosos sobre las cuentas bancarias están absorbiendo el escaso capital circulante de las compañías. Según la memoria explicativa, las autoridades tributarias envían requerimientos de forma cotidiana y retiran fondos de las cuentas de las empresas estatales dedicadas a la extracción de carbón y uranio.

La falta de liquidez afecta a insumos básicos de la minería. Las explotaciones necesitan madera, sostenimientos metálicos en arco, explosivos y recursos para abrir y preparar galerías. Si esas compras se interrumpen, no solo baja la producción inmediata, sino que también se reduce el trabajo preparatorio necesario para mantener la extracción en etapas posteriores.

El argumento adquiere especial peso por la situación de las centrales térmicas y de cogeneración. La documentación gubernamental afirma que los ataques rusos redujeron la actividad en las minas privadas de DTEK Pavlohradvuhillia y que las reservas de carbón en las instalaciones generadoras están disminuyendo. En ese escenario, las minas públicas de la cuenca de Leópolis y Volinia han ganado importancia y, según el expediente, aumentaban su producción.

Las cuentas bloqueadas también dificultan el pago puntual de salarios. El Gobierno cifra en más de 10.000 los trabajadores directamente expuestos a la pérdida de ingresos o empleo y subraya que varias explotaciones son el principal sustento de sus localidades. La estimación oficial amplía el posible impacto a familias, proveedores y actividades vinculadas, aunque se presenta como una advertencia sobre el riesgo y no como un resultado ya ocurrido.

Existe además una tensión entre cobrar pasivos antiguos y mantener al día las obligaciones corrientes. Las empresas deben reservar dinero para el IVA, la contribución social unificada y las nóminas, además de financiar la producción. La ejecución indiscriminada sobre todas las cuentas puede impedir que se atiendan esos pagos prioritarios, según la justificación del proyecto.

La seguridad minera figura entre las razones menos visibles, pero más urgentes. Las compañías deben contratar trabajos de desgasificación de las galerías para reducir riesgos para el personal. También necesitan costear el traslado de bienes estatales desde regiones orientales hacia zonas occidentales más seguras, una tarea derivada de decisiones anteriores de los ministerios de Economía y Energía.

Una paralización abrupta de una mina puede generar efectos que continúan incluso después de cesar la extracción. La memoria alerta de la inundación de galerías, la salida de aguas contaminadas y el posible deterioro de acuíferos potables, suelos y recursos naturales. El Ejecutivo argumenta que contener una emergencia tecnológica o ambiental de esa escala podría resultar más costoso que aplazar la recaudación discutida.

El Complejo Oriental de Minería y Procesamiento introduce en el debate la producción de uranio, no solo el abastecimiento de carbón. Su estabilidad se presenta como un componente de la seguridad energética nacional. La incorporación de Redes Eléctricas Regionales muestra, además, que la cobertura propuesta alcanza un activo de infraestructura eléctrica, aunque la explicación dedica mayor espacio a las minas.

El expediente deberá pasar por comisiones de energía, desarrollo económico, política jurídica, asuntos sociales, medio ambiente, presupuesto, anticorrupción, gobierno territorial e integración europea, además de la comisión tributaria principal. Ese recorrido permitirá examinar tanto la necesidad de proteger actividades críticas como la excepcionalidad de otorgar un régimen específico a cinco empresas identificadas por su nombre.

El Gobierno asegura que la aplicación no exigiría gastos adicionales a los presupuestos estatal o locales. Sin embargo, la iniciativa todavía era solo un proyecto el 23 de octubre: el registro parlamentario no suspendió por sí mismo ninguna actuación recaudatoria. El texto tendría que ser aprobado, completar el procedimiento legislativo y publicarse; solo entonces entraría en vigor al día siguiente de su publicación, tal como propone la redacción presentada.