Un grupo de diputados ucranianos propone reforzar de manera sustancial las consecuencias de vulnerar las normas sobre formación y aplicación de precios regulados. El proyecto de ley 16098 combina multas administrativas para ciudadanos y responsables empresariales con sanciones económicas para las compañías, además de nuevas facultades de coordinación entre supervisores y autoridades de licencias.

La Rada Suprema de Ucrania lo comunicó el jueves, 24 de septiembre. La iniciativa fue registrada el día anterior por Serhii Kuzminykh, Serhii Bunin, Oleksandr Lukashev, Oleksandr Horobets y Yurii Zdebskyi, todos diputados de la novena legislatura.

La Comisión de Actividades de Aplicación de la Ley asumirá el examen principal. También participarán, entre otras, las comisiones de desarrollo económico, finanzas, presupuesto, energía, política jurídica, lucha contra la corrupción, gobierno territorial e integración europea. La amplitud de esta revisión se explica porque el texto modifica tanto el régimen de infracciones administrativas como las herramientas de intervención sobre empresas sometidas a regulación estatal.

El origen inmediato de la propuesta se encuentra en el mercado de medicamentos y productos sanitarios. La memoria explicativa señala que el Servicio Estatal de Seguridad Alimentaria y Protección de los Consumidores realizó 634 controles extraordinarios entre enero y agosto de 2026. En 412 inspecciones se detectaron incumplimientos y en 65 de ellas, según el documento, se obstaculizó el trabajo de los funcionarios.

La tasa de inspecciones con infracciones pasó del 29% en 2025 al 65% en 2026. Entre las prácticas más habituales figuró la aplicación de márgenes de suministro, distribución o venta minorista superiores a los límites autorizados. El salto es relevante, aunque debe interpretarse con cautela: los controles extraordinarios se dirigen normalmente a situaciones con denuncias o indicios previos y, por tanto, no describen necesariamente a todo el sector farmacéutico.

Los expedientes concluyeron en 401 decisiones de sanciones económico-administrativas por un total de 3,67 millones de grivnas. Asimismo, se emitieron 187 requerimientos para corregir irregularidades y 275 responsables recibieron multas administrativas que sumaron 684.100 grivnas. Los promotores sostienen que estos resultados revelan una capacidad disuasoria insuficiente frente a las ganancias que pueden derivarse del incumplimiento.

La nueva redacción del artículo 165-2 del Código de Infracciones Administrativas impondría 150 mínimos de renta no sujetos a impuestos a los ciudadanos y 200 a los responsables o funcionarios por infringir las reglas relativas a precios, tarifas, descuentos, recargos y suplementos. Si se utiliza la unidad habitual de 17 grivnas, las cuantías equivaldrían a 2.550 y 3.400 grivnas.

Cuando la misma persona reincida dentro de un año, la sanción ascendería a 200 unidades para ciudadanos y 250 para responsables, es decir, 3.400 y 4.250 grivnas con esa base de cálculo. Incumplir órdenes legales de los inspectores o impedirles ejercer sus funciones supondría 300 unidades para ciudadanos y 350 para responsables: aproximadamente 5.100 y 5.950 grivnas.

El régimen empresarial tendría un alcance económico distinto. Una compañía que vulnere una tarifa regulada perdería los ingresos obtenidos injustificadamente, calculados como la diferencia positiva entre la recaudación real y la que habría correspondido con el método legal. A esa devolución se añadiría una multa equivalente al 100% de dicha diferencia, duplicando en la práctica el impacto financiero vinculado al beneficio indebido.

El cobro de bienes que la ley obliga a entregar gratuitamente se sancionaría con el 100% del valor de lo vendido. Además, facilitar datos falsos o inexactos al organismo autorizado podría costar 3.000 mínimos, mientras que ignorar requerimientos o entorpecer la supervisión supondría 6.000. Con una unidad de 17 grivnas, serían 51.000 y 102.000 grivnas.

La iniciativa también permitiría que el organismo encargado del control de precios acudiera a las autoridades de licencias para solicitar la comprobación y corrección de incumplimientos de sus condiciones. Esta conexión resulta especialmente sensible para las farmacias, porque una infracción podría dejar de ser un asunto puramente pecuniario y generar una revisión de la autorización para operar. El procedimiento deberá diferenciar, sin embargo, entre una solicitud de investigación y una conclusión automática de culpabilidad.

Desde la perspectiva del consumidor, una mayor responsabilidad puede reducir los incentivos para elevar márgenes por encima del máximo permitido, sobre todo en productos esenciales. Desde la óptica empresarial, la aplicación necesitará criterios previsibles, documentación accesible y vías efectivas de recurso. También será importante evitar que el temor a sanciones ambiguas provoque retirada de productos, mayores costes de cumplimiento o una traslación indirecta de gastos al precio final.

Los autores afirman que la reforma no exigirá fondos adicionales de los presupuestos estatal o locales y que contribuirá a la estabilidad de precios y a contener presiones inflacionarias. Esa previsión dependerá no solo del importe de las multas, sino también de la frecuencia y calidad de los controles, de la claridad de los topes comerciales y de la capacidad administrativa para resolver expedientes sin demoras.

El texto aún no es ley y puede ser modificado durante su paso por comisiones y por el pleno de la Rada. Si se aprobara con su redacción actual, entraría en vigor al día siguiente de su publicación. El Gobierno dispondría después de tres meses para adaptar sus reglamentos y coordinar la actualización de las normas de ministerios y demás órganos ejecutivos centrales.