El Parlamento ucraniano recibió una propuesta para limitar a un salario mínimo la remuneración básica de quienes ejerzan provisionalmente la presidencia de la Agencia Nacional para la Localización y Gestión de Activos, ARMA, y de sus adjuntos. Los sueldos previstos para la dirección titular solo se activarían después de que la presidencia fuera cubierta mediante el concurso abierto establecido en la legislación. La Rada Suprema de Ucrania lo comunicó el jueves, 22 de octubre.

La iniciativa lleva el número 16175 y fue presentada por el diputado Oleksandr Tkachenko en la decimosexta sesión de la IX legislatura. La Comisión de Política Anticorrupción quedó encargada del examen principal, mientras que las comisiones competentes en organización estatal, política social, presupuesto e integración europea deberán analizar sus implicaciones sectoriales.

El texto no plantea una reforma integral de las funciones de ARMA. Su alcance se concentra en el punto 8 de las disposiciones finales y transitorias de una ley destinada a reforzar la capacidad institucional de la agencia y los mecanismos para administrar bienes procedentes de delitos de corrupción y otras infracciones. La modificación decidiría cuándo empiezan a aplicarse los salarios especiales reservados a sus máximos responsables.

Según la fórmula propuesta, esas retribuciones entrarían en vigor únicamente tras el nombramiento de un presidente conforme a los artículos 5 y 6 de la ley de ARMA. Mientras no concluyera ese procedimiento, el presidente interino y sus adjuntos percibirían como sueldo base la cuantía del salario mínimo fijada legalmente el 1 de enero del año correspondiente. La medida afectaría, por tanto, al período de interinidad y no rebajaría de forma permanente el salario de una dirección seleccionada por concurso.

Tkachenko relaciona la propuesta con la etapa iniciada en agosto de 2025, cuando el Consejo de Ministros encomendó temporalmente la presidencia a Yarosлава Maksymenko, hasta entonces vicepresidenta para la integración europea. La memoria sostiene que la fórmula concebida para asegurar continuidad acabó acompañada de una profunda crisis administrativa y de personal. Como respaldo político, el autor cita una decisión de la Comisión de Política Anticorrupción del 15 de septiembre de 2026.

El contraste de ingresos ocupa un lugar central en la argumentación. De acuerdo con datos atribuidos en la memoria al Ministerio de Finanzas y a la propia ARMA, entre enero y agosto de 2025 la actividad de la agencia aportó al presupuesto cerca de 6.800 millones de grivnas. En los mismos meses de 2026, la cifra habría sido de 520,9 millones, lo que el promotor presenta como una caída aproximada del 92,3%, equivalente a 6.280 millones.

La comparación global, sin embargo, puede estar condicionada por decomisos excepcionales y recuperaciones derivadas de sanciones. El documento reconoce esa particularidad y ofrece un indicador adicional: los ingresos ordinarios mensuales procedentes de la gestión de activos habrían descendido de unos 40 millones a alrededor de 31 millones de grivnas. También asegura que durante un año se firmó un solo contrato de gestión y que este no generaba ingresos.

La memoria cuestiona además la política de nombramientos. Basándose en un proyecto de informe de auditoría internacional independiente, afirma que la dirección provisional recibió cinco puntos sobre cien en el criterio de liderazgo competente. Entre las deficiencias alegadas figuran comprobaciones insuficientes de integridad y capacidad profesional, decisiones apoyadas en recomendaciones personales y un posible conflicto de intereses vinculado a la dirección del departamento jurídico.

Otro foco es la trazabilidad de los bienes bajo responsabilidad de ARMA. El diputado sostiene que se difundieron aproximadamente 20 anuncios sobre activos sin valoraciones adecuadas, planes de gestión aprobados ni la necesaria visibilidad en el sistema electrónico Prozorro. Según la referencia al material de auditoría, tampoco se habrían consolidado correctamente los datos de más de 42.000 bienes incautados, lo que dificultaría conocer su situación jurídica, sus características y su estado físico.

El documento menciona investigaciones del Buró Nacional Anticorrupción y de la Oficina Estatal de Investigaciones sobre circunstancias relacionadas con la actividad de la responsable interina. También alude a actas administrativas por presunto incumplimiento de requerimientos de diputados. La apertura de investigaciones no equivale a una declaración de culpabilidad, y los documentos presentados no indican condenas ni conclusiones judiciales definitivas; esas afirmaciones deben entenderse como parte de la tesis del promotor.

Desde el punto de vista presupuestario, la iniciativa declara que no requeriría gasto adicional y que reduciría el fondo salarial durante la interinidad. Su autor plantea que los recursos ahorrados podrían destinarse a necesidades prioritarias de seguridad y defensa. No incorpora, no obstante, una estimación concreta del ahorro, un desglose de las remuneraciones vigentes ni el número exacto de puestos cuyo coste variaría.

El debate de fondo enfrenta dos objetivos públicos. Por un lado, una remuneración reducida puede concebirse como incentivo para evitar interinidades indefinidas y completar cuanto antes un concurso transparente. Por otro, equiparar el salario de puestos con amplias responsabilidades al mínimo legal puede suscitar dudas sobre la estabilidad de la institución, la captación de especialistas y el uso de la política retributiva para sancionar valoraciones de desempeño todavía controvertidas.

A 23 de octubre, el expediente era una iniciativa registrada y no una regla aplicable. Debía pasar por las comisiones y por las posteriores fases parlamentarias, en las que podía ser modificado o no prosperar. Si llegara a aprobarse con la redacción presentada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación oficial, pero la información aportada por la Rada no consigna todavía una aprobación definitiva.