Los militares ucranianos que hayan abandonado sin autorización su unidad pueden regresar voluntariamente al servicio después del 20 de septiembre de 2026. Sin embargo, ya no se benefician del programa abreviado que reducía trámites y facilitaba la elección de una nueva unidad para determinados casos registrados antes del 12 de junio.

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó sobre el procedimiento el lunes, 21 de septiembre. La institución subrayó que la finalización del régimen especial cambia la forma de reincorporación, pero no elimina la posibilidad de presentarse voluntariamente.

Desde ahora se aplica el procedimiento general, en el que intervienen la estructura militar, los órganos encargados de mantener el orden en las Fuerzas Armadas y, si existe una investigación penal, fiscales y tribunales. La consecuencia inmediata es un proceso potencialmente más largo, con más comprobaciones documentales y menos margen para decidir el destino posterior.

El primer punto de contacto puede ser el Servicio Militar de Orden Público de las Fuerzas Armadas, conocido por las siglas ucranianas VSP. El interesado puede acudir a su dirección central en Kyiv y la región de Kyiv, a una dirección territorial o a uno de sus departamentos zonales. Allí recibirá orientación sobre los batallones de reserva disponibles y podrá obtener una orden de presentación.

Otra posibilidad es acudir directamente a un batallón de reserva. Aun así, consultar previamente con el VSP permite confirmar qué unidad debe recibir al militar y qué documentos conviene llevar. Esa coordinación resulta especialmente relevante si ha pasado mucho tiempo desde la salida o si ya se iniciaron actuaciones judiciales.

Cuando el militar llega al batallón, el comandante debe emitir en un plazo máximo de tres días una orden para incorporarlo a la relación de personal llegado temporalmente. También debe asignarle funciones. La medida acredita que la persona ha vuelto al control militar, aunque todavía no resuelve de manera definitiva su adscripción.

Al mismo tiempo, el comandante solicita a los cuerpos de seguridad información sobre una eventual inscripción del caso en el Registro Unificado de Investigaciones Previas. Esta comprobación determina si existe una causa penal formalizada, pero no presupone por sí sola la culpabilidad ni decide el resultado del procedimiento.

El batallón de reserva comunica además la llegada a la unidad que el militar abandonó. Si este presenta el consentimiento escrito del comandante de una unidad de combate con prioridad de personal, la comunicación debe mencionar esa formación. El documento puede ser relevante para el destino, aunque no sustituye las decisiones administrativas necesarias.

Las cartas de recomendación emitidas por brigadas de combate que necesitan efectivos pueden ser aceptadas y valoradas por los comandantes de los batallones de reserva. No ocurre lo mismo con las cartas procedentes de unidades de apoyo. En esos supuestos, el militar será orientado hacia formaciones incluidas en el sistema de cobertura prioritaria de vacantes.

Por ello, regresar voluntariamente no equivale a recuperar la libertad de escoger unidad. Las necesidades operativas, la especialidad militar, el estado de salud, el grado y las plazas disponibles pueden pesar más que las preferencias personales. Incluso una recomendación válida expresa interés en recibir al militar, pero no constituye necesariamente una garantía de traslado.

La reanudación de las prestaciones económicas tampoco es inmediata en todos los casos. Antes deben aclararse la situación administrativa, las órdenes de personal y el intercambio de información entre la antigua unidad, el batallón de reserva y la futura formación. Este circuito explica por qué la vía ordinaria puede generar una espera mayor que el programa simplificado.

Existe, no obstante, una posibilidad de exención de responsabilidad penal para ciertos militares. El apartado 5 del artículo 401 del Código Penal ucraniano permite aplicar ese mecanismo cuando la infracción se cometió por primera vez durante la ley marcial y la persona manifiesta voluntariamente que desea continuar el servicio, siempre que concurran las demás condiciones legales.

Para iniciar el trámite, el militar debe presentar un informe oficial y obtener el consentimiento escrito de un comandante para seguir prestando servicio. Después tiene que formular una petición ante el investigador, el fiscal o el tribunal. Los materiales se remiten a un juez, que es quien adopta la decisión final sobre la exención.

La vuelta física a una instalación militar no archiva automáticamente una causa ni borra los datos del registro. Tampoco el comandante puede conceder por sí solo la exención penal. Son planos relacionados, pero distintos: la cadena de mando gestiona la reincorporación, mientras que el sistema de justicia resuelve las consecuencias penales.

El modelo vigente después del 20 de septiembre mantiene una salida legal para quienes quieran regularizar su situación, aunque exige más tiempo y disciplina documental. Guardar copias de informes, órdenes, consentimientos y comprobantes de recepción puede ayudar a acreditar cada paso. Cuando existen antecedentes, problemas médicos o dudas sobre la calificación del hecho, el asesoramiento jurídico individual cobra especial importancia.