Una iniciativa registrada en el Parlamento ucraniano pretende cubrir situaciones en las que las reglas de movilización no reflejan la dependencia real dentro de una familia. El proyecto de ley 16118 propone nuevas causas tanto para obtener un aplazamiento del reclutamiento como para abandonar el servicio militar durante la vigencia de la ley marcial por la necesidad de cuidar permanentemente a un familiar.

La Rada Suprema de Ucrania informa de la presentación del texto el jueves, 1 de octubre. Sus autores son los diputados Oleksii Honcharenko, Sofiia Fedyna, Valentyn Nalyvaichenko, Viktoriia Hryb y Mykhailo Sokolov, y la comisión principal encargada será la de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia.

La propuesta parte de reclamaciones de ciudadanos que, según la exposición de motivos, prestan una asistencia diaria indispensable a personas con enfermedades crónicas, trastornos cognitivos, secuelas de lesiones u otras alteraciones persistentes. Pese a esa realidad, algunos cuidadores no encajan en las categorías formales que actualmente permiten evitar la movilización o solicitar la baja.

El cambio previsto para el artículo 23 de la legislación sobre movilización alcanzaría a quienes tengan un progenitor o un familiar de segundo grado de edad avanzada. Esa persona deberá haber perdido parcial o totalmente la capacidad de cuidarse por sí misma o desplazarse, y su situación tendrá que hacer necesaria la intervención continua de otra persona.

La mera existencia de una enfermedad no bastaría. La necesidad de atención permanente deberá constar en una conclusión de una comisión médica consultiva de un centro sanitario o en una decisión del equipo experto que evalúa el funcionamiento cotidiano. El énfasis se coloca así en las limitaciones prácticas de la persona y no solamente en el nombre de su diagnóstico.

También se examinará si existe otro familiar de primer grado en condiciones de hacerse cargo. El proyecto permite reconocer la exención cuando no haya nadie disponible o cuando esos parientes necesiten a su vez cuidados permanentes o ya atiendan a otro integrante de la familia. Este filtro busca reservar la medida para casos en los que el solicitante sea realmente insustituible.

La segunda modificación afectaría al artículo 26 de la ley sobre deber y servicio militar. Con condiciones equivalentes, un miembro de las fuerzas armadas podría pedir su baja durante la ley marcial. La previsión resulta relevante para las familias cuya situación cambia después de la incorporación del militar, por ejemplo tras el empeoramiento progresivo de una enfermedad neurodegenerativa.

No se trata, sin embargo, de dos derechos idénticos. El aplazamiento evita la incorporación mientras subsista su fundamento, mientras que la baja pone fin a un servicio ya iniciado y normalmente exige un procedimiento dentro de la cadena administrativa militar. La documentación médica puede ser común, pero las autoridades que verifican y resuelven cada expediente serían distintas.

Los promotores describen el cuidado permanente como una necesidad vital que puede incluir alimentación, higiene, administración de medicamentos, ayuda para moverse, acompañamiento a consultas y comunicación con profesionales sanitarios. Si se moviliza al único cuidador, la persona dependiente puede quedar expuesta a hospitalizaciones evitables, abandono de tratamientos o accidentes domésticos.

La futura aplicación plantea interrogantes que el texto legal no resuelve por completo. Será necesario precisar cómo se demuestra que los demás parientes no pueden cuidar, durante cuánto tiempo serán válidos los informes médicos y cuándo deberá revisarse la situación. También habrá que armonizar la actuación de hospitales, centros territoriales de reclutamiento, unidades militares y registros públicos.

Quienes respaldan la iniciativa pueden defender que incorpora controles suficientes y protege a personas mayores especialmente vulnerables. Sus detractores podrían advertir sobre certificados dudosos, domicilios ficticios o decisiones desiguales entre regiones. Para preservar la confianza pública, la normativa secundaria tendría que incluir verificaciones proporcionadas sin convertir el trámite en una barrera imposible para familias ya sobrecargadas.

Además de la comisión de defensa, el proyecto será analizado por órganos parlamentarios de sanidad, política social, presupuesto, lucha contra la corrupción, política humanitaria e integración europea. La memoria sostiene que no habrá gastos adicionales para el presupuesto estatal, aunque las evaluaciones funcionales, las comprobaciones y eventuales recursos sí pueden aumentar la carga de trabajo institucional.

La inscripción parlamentaria no concede todavía ninguna exención ni permite pedir automáticamente la baja. El texto deberá superar el examen de las comisiones, la votación, la firma y la publicación oficial. Si se aprueba tal como está redactado, entraría en vigor al día siguiente de su publicación y el Gobierno dispondría de un mes para adaptar las normas y diseñar el procedimiento operativo.