Congresistas estadounidenses han abierto un frente legal y político contra la flexibilización de las restricciones al diésel ruso acordada por la Administración de Donald Trump. Sostienen que esas ventas podrían aportar a Moscú nuevos recursos para financiar la guerra contra Ucrania. Así lo informa Radio Svoboda este jueves 29 de octubre.

El 27 de octubre, varios senadores y representantes enviaron advertencias a seis grandes bancos, autoridades portuarias y empresas del sector energético. Les pidieron que no facilitaran la compra, financiación, descarga, almacenamiento o distribución del combustible hasta que se aclarara su legalidad, y que conservaran desde el 1 de septiembre todos los documentos vinculados a posibles operaciones.

Los firmantes invocan la prohibición de importar energía rusa aprobada en 2022 y cuestionan que una licencia general del Departamento del Tesoro pueda dejarla sin efecto. También advierten de investigaciones parlamentarias, demandas y eventuales responsabilidades civiles o penales. La Casa Blanca afirma, por el contrario, que la autorización se ajusta a la ley y acusa a sus críticos de actuar por motivos políticos.

En paralelo, un grupo bipartidista presentó un proyecto para revocar el permiso emitido el 9 de octubre, cuya vigencia estaba prevista hasta el 7 de abril de 2027. La iniciativa, remitida a tres comités de la Cámara de Representantes, también impediría futuras excepciones para importar productos energéticos rusos.